Condenan al Ayuntamiento a pagar 100.000 euros por el ruido de los pubs

La Justicia da la razón a 26 vecinos del centro que denunciaron en 2008 y 2009 el exceso de decibelios

Imagen de uno de los pubs de la zona centro de Manacor, un día de marcha. t.o.

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S. SANSÓ La sala de lo Contencioso-Administrativo número uno del Tribunal Superior de Justicia de las Balears (TSJB), ha condenado al ayuntamiento de Manacor a pagar más de 100.000 euros a un total de 26 vecinos afectados por molestias derivadas del ocio nocturno en la ciudad desde 2005.El TSJB ha desestimado el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia de septiembre de 2009 que le obligaba a pagar hasta 30.000 euros por ruidos a tres vecinos de un conocido pub de la ciudad. Por si fuera poco, además, la misma sala ha decido admitir el recurso de apelación de otros 23 ciudadanos afectados por pubs de la zona centro, lo que obligará al Consistorio a desembolsar otros 69.000 euros (a razón de 3.000 por vecino más los intereses desde el 9 de junio de 2008) en concepto de daños y perjuicios, en un periodo máximo de tres meses. Contra esta resolución no cabe ya ningún recurso ordinario.El mismo juez del puenteCuriosamente la sala que ha decidido multar a la corporación municipal, está presidida por Gabriel Fiol, el mismo juez encargado de decidir el futuro del puente elevado del Riuet de Porto Cristo, y que aún no se ha pronunciado sobre si la obra debe finalmente derribarse o permanecer en pie.Como en el caso del puente, el TSJB también observa una dejadez del Consistorio y explica en la sentencia que "la actividad desplegada por el Consistorio" para evitar las molestias, el ruido y los problemas de suciedad derivados de la marcha nocturna, "han sido a todas luces insuficientes e ineficaces".Por lo que respecta a los tres vecinos que denunciaron al Ayuntamiento en 2009, por el ruido y la falta de descanso ocasionada por el pub Grimmi´s, el TSJB sostiene que "ni el exceso de ruido provocado en el domicilio de los vecinos por las noches de los fines de semana, impidiendo que sus habitantes durmiesen y descansasen, ni la carencia de licencia alguna para la actividad del bar musical (avisado hasta en cinco ocasiones sin sanción), fueron causa suficiente para que el Ayuntamiento adoptase medidas".La primera sanción impuesta al consistorio manacorí es económicamente superior debido a que los tres demandantes solicitaron ante el Ayuntamiento la legalización del pub Grimmi´s hasta en siete ocasiones y en dos alertaron a la Policía Local para que realizase mediciones sonométricas en la zona de descanso del edificio. En ambas ocasiones los niveles sonoros sufridos superaron los 25 decibelios máximos permitidos por la ordenanza.Según la sala de lo Contencioso-Administrativo, la demanda de 2008 efectuada por otros 23 vecinos del centro peatonal (que realizaron mediciones a través de una empresa privada), no puede ser valorada con los mismos argumentos y aunque critica al Ayuntamiento, aboga por la convivencia entre los que descansan y "los individuos que también tienen derecho a salir y divertirse las noches de los fines de semana, siempre que no se perturbe en exceso el reposo".No a la demanda millonariaCabe recordar que antes de estas dos últimas demandas vecinales, un total de 418 vecinos de Manacor se unieron y presentaron el 27 de septiembre de 2006 una querella única contra el Ayuntamiento por daños y perjuicios y por un valor en indemnizaciones que superaba el millón de euros. Fue desestimada por la falta de concreción a la hora de probar que todos los vecinos vivían efectivamente en el entorno de los pubs.

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El Govern deberá reducir empleados públicos si no mejora la financiación

Los partidos coinciden en eliminar altos cargos pero no funcionarios de servicios públicos



El conseller Manera reunido con funcionarios para explicarles la reducción solarial. M. MASSUTÍ

MIQUEL ADROVER. PALMA Las palabras del conseller de Economía, Carles Manera, advirtiendo de que será necesario suprimir unos 700 empleos públicos anuales para hacer frente al déficit de la administración pública están levantando ampollas entre los partidos políticos enfrascados en plena campaña electoral. La mayoría de los consultados coinciden en que en el caso de que Balears mejore la financiación estatal no será necesario realizar recortes drásticos. Todos reconocen, no obstante, que es preciso suprimir cargos de confianza, altos cargos y asesores, pero se toman con cautela no cubrir plazas de funcionarios.El planteamiento de Carles Manera es eliminar estos 700 empleos públicos de forma anual, no cubriendo las plazas vacantes e incentivando las jubilaciones. En estos momentos en Balears existen unos 27.000 funcionarios y empleados públicos entre Govern y consells insulares. Pese a este número, las islas son una de las comunidades autónomas de España con un índice más bajo de empleados públicos.Josep Ignasi Aguiló, responsable de economía del Partido Popular, aseguraba ayer que las palabras de Manera "son difíciles de analizar, ya que no tenemos un presupuesto aprobado y en estos momentos no tenemos información. Coincidimos que se deben eliminar altos cargos, pero a funcionarios y empleados de servicios públicos creo que debemos aplicar los recortes con precisión de bisturí". Aguiló también consideró básico un buen acuerdo con Madrid: "Es fundamental mejorar la financiación y evitar que el Estado nos quite 240 millones de euros, una mala noticia para Balears".Desde el PSIB recordaron que el Govern actual ya ha iniciado un reducción de empresas públicas, pero advirtieron de que la reducción del sector público "no puede suponer eliminar prestaciones sociales, ya que hay que recordar que el 90% de funcionarios del Govern son sanitarios o docentes". Para los socialistas quien anuncie "la supresión de un 25% de empleos públicos está anunciando despidos de sanitarios y docentes". Esta último posicionamiento del PSIB no coincide con lo anunciado por Carlos Manera, ya que 700 empleos anuales supone eliminar un 25% en 10 años.Antoni Alorda, representante de la coalición del PSM, IV, ExM calificaba de "poco serio querer reducir peso de los público. Debemos recordar que Balears es una de las comunidades con menos funcionarios por habitante y aquí está el escaso trabajo del PSOE en conseguir un compromiso ético de alcanzar una financiación a la medida del resto de comunidades. Balears está financiando los funcionarios de otras regiones con sus aportaciones muy por encima de lo que nos devuelven". Por este motivo, Alorda abogó por un acuerdo con el Gobierno central: "Si mejoramos la financiación creemos que no será necesario tomar estas medidas drásticas". Alorda añadió que "el conseller Manera se encuentra desesperado porque los 240 millones que nos ha quitado el Estado ya estaban gastados".Antoni Serra, número tres de la candidatura autonómica y responsable de economía de Convergència per les Illes, también se mostró contundente a la hora de exigir la mejora de la financiación estatal. "No nos quedará más remedio que acometer estos recortes de reducción de empleados públicos si no exigimos mejorar la aportación del Gobierno central. Es evidente que se debe reducir la administración eliminando altos cargos, pero lo que debemos evitar es reducir la eficiencia de los servicios públicos". El representante de Convergència se preguntaba por qué debemos suprimir plazas de médicos o maestros cuando aportamos al Estado "mucho mas de lo que nos devuelve". Antoni Serra también recriminó al actual Govern que haya permitido que Madrid le quite a Balears 240 millones de euros.Jaume Font, candidato de la Lliga Regionalista, fue uno de los que se adelantó al anuncio del conseller Manera. El dirigente regionalista ya afirmó el pasado mes de marzo que era necesario suprimir un 25% de los empleados públicos en 10 años. Este porcentaje supone una cifra de unos 700 anuales, la misma proporción anunciada por Manera en este periódico.


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Los ERE llegan a los Ayuntamientos

Los sindicatos temen una oleada de expedientes de regulación de empleo tras las elecciones del 22-M - El Estatuto de los Trabajadores solo prevé despidos colectivos para las empresas - Madrid es la única autonomía que ha autorizado un recorte



Protesta de trabajadores del ayuntamiento del municipio valenciano de Alboraia en abril. abelard comes

JOSÉ LUIS ZARAGOZÁ. VALENCIA El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por el ayuntamiento valenciano de Alboraia para despedir a una treintena de trabajadores y mitigar así la partida del gasto en sus insostenibles cuentas públicas ha abierto de nuevo la veda en España a otras corporaciones locales y acentúa cada vez más el temor de las centrales sindicales a que se produzca una auténtica oleada tras las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22-M. La propuesta de despido colectivo en este ayuntamiento de valenciano ha sido rechazada de plano por la Generalitat con el argumento de que "no se debía producir", según el conseller de Economía, Gerardo Camps, porque se trata de un un instrumento reservado a las empresas. Sin embargo, el Consell no tiene reparos a la hora de dar el visto bueno a los ERE en empresas públicas, como Feria Valencia.En otros municipios españoles, sobre todo de Andalucía, aunque también de Madrid, se han producido durante los últimos meses propuestas laborales similares a la de Alboraia. Sin duda, los empleados públicos tampoco van a ser inmunes a la crisis económica a partir de ahora, aunque los representantes de los trabajadores de la función pública sostienen que hay que acomodar el ritmo de saneamiento de las cuentas públicas a las necesidades de mantenimientos y de las condiciones de trabajo. Sea como fuere, el Ministerio de Economía y Hacienda ha prohibido solicitar créditos a todos aquellos ayuntamientos cuya deuda supere el 75 % de los ingresos corrientes, lo que limita sus posibilidades de gasto. Servicios públicos, no empresasPara el secretario de acción sindical de CC OO en la Comunidad Valenciana, Jaume Mayor, "los expedientes de regulación de empleo no tienen cabida en un ayuntamiento. Las necesidades presupuestarias llevan a que algunas corporaciones opten por esta fórmula sin respetar el Estatuto Básico del Empleado Público, que regula las relaciones laborales del personal".En parecidos términos, el responsable del sector de la Administración local de la Federación de servicios Públicos de UGT, Paco Caballero, sostiene que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores "prevé los despidos colectivos para empresas que estén en el mercado, con el objetivo de asegurar su supervivencia, no para una administración obligada a prestar servicios públicos".En los últimos tres años al menos una decena de ayuntamientos y casi 2.000 trabajadores se han visto implicados en expedientes, tanto de extinción como de suspensión temporal de empleo. Por el momento, las centrales sindicales cuentan con el respaldo del Gobierno central para frenar la posible oleada de ERE en los ayuntamientos tras el 22-M. Así lo ha expresado recientemente la secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo, quien en una entrevista reconocía que el Gobierno "no tolerará los ERE en los ayuntamientos". Para ello, su instrumento legal está los informes previos que debe hacer la Inspección de Trabajo (controlada por el Gobierno de España) para que la autoridad laboral —transferida en todas las autonomías— apruebe o desapruebe un expediente.Cambiar la leyPara el secretario general del Sindicato Independiente (SI) de la Comunidad Valenciana, Fermín Palacios, la "decisión de dar luz verde o no un expediente de regulación de empleo está en manos de las direcciones generales de las autonomías, por lo que el Gobierno no es quién para desautorizar o desestimar". En su opinión, "tampoco se pueden inventar criterios ni pretender evitar, como lo han anunciado, prejubilaciones en empresas que mandan al paro dos años a los trabajadores durante los primeros años de las extinción de la relación laboral, porque para eso habría que cambiar la ley. Todos los que han trabajado tienen derecho a recibir una prestación del INEM", puntualiza. Palacios reconoce que la administración está sobredimensionada y se habla por tanto de probables recortes de plantilla en tiempos no muy lejanos. Desde la central sindical CSI·F se asegura que "hay muchos ayuntamientos con planes para presentar ERE, aunque pocos se atreven a presentarlos. Veremos tras el 22-M". PatronalMientras tanto, desde la patronal se ven las cosas de otro modo. El presidente de la CEOE, Joan Rosell, asegura que España necesita fusionar ayuntamientos hasta reducirlos a la mitad y aplicar expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas para recortar el déficit y hacerlas más eficaces. La propuesta de reforma de las administraciones estatal, autonómica y local, necesaria para evitar el "gasto brutal e insostenible" que suponen los más de tres millones de funcionarios existentes, es compartido por gran parte del empresariado.

Fuente de la notícia: http://www.diariodemallorca.es/economia/2011/05/09/ere-llegan-ayuntamientos/668101.html

Los partidos apuestan por permitir los condohotels

Los partidos políticos permitirán los condohoteles la próxima legislatura

Sólo el PSM se opone abiertamente a esta fórmula híbrida hotelero-residencial - El PSOE defiende que los empresarios no paguen por las nuevas plazas de alojamiento - El PP afirma que la creación de nuevos campos de golf dependerá de la demanda

Todos los partidos se han volcado en llenar de propuestas turísticas sus programas electorales. B. ramon

MIGUEL MANSO. PALMA Los partidos políticos regalan los oídos a los empresarios turísticos en sus programas electorales. Planes, bonificaciones, créditos, reformas de leyes, seguridad jurídica... Son paquetes de medidas bien presentadas –sólo les falta un lazo– y lo suficientemente genéricas para no pillarse los dedos. Además de sus programas, este diario ha formulado una serie de preguntas concretas, algunas de las cuales generan división de opiniones o incluso el rechazo frontal de los sindicatos.
Todos los partidos políticos, salvo el PSM, y con muchas salvedades la Lliga Regionalista, promueven el desarrollo de los condohoteles, una figura a la que nadie se había atrevido a meter mano hasta ahora. Las grandes formaciones, PSOE y PP, y Convergència per les Illes dicen sí a esta fórmula híbrida entre el modelo hotelero y el residencial, en el que inversores adquieren habitaciones o apartamentos para luego cederlas en gestión a la empresa hotelera.

Apoyo rotundo
"Sí, es una petición del sector. Es una necesidad imprescindible para permitir la reconversión, así como una inyección financiera para el empresario y que le ayudará para la mejora del producto. Es una reconversión que no afecta a la plantilla contratada", afirma el PP. "Uno de nuestros compromisos es la modificación de la Ley General Turística. Esta iniciativa legislativa preverá la figura del condominio. Nuestra opinión es que no será difícil alcanzar un acuerdo, siempre que los establecimientos mantengan el uso turístico, la unidad de explotación y respeten los puestos de trabajo", argumenta el PSOE.
Otro tema candente. El cambio de uso de los hoteles. Aquí las posiciones son mucho más ambiguas y las respuestas se escapan por las ramas. "Este tema se tendrá que ver con el sector y estudiarlo caso a caso. [...] Debemos tener muy definida la idoneidad a que se quiere dedicar cada unidad que solicite el cambio a vivienda", señala el PP. Los socialistas se limitan a hablar de la eliminación de plazas obsoletas sin abordar el meollo de la cuestión; el PSM prefiere hablar de la reconversión de determinadas zonas turísticas mediante el "copago" del sector privado; y Convergència admite que se podría estudiar "bajo una estricta normativa".
Tercera cuestión. El malestar de los empresarios porque tienen que pagar por las plazas –unos 6.000 euros por cada una– cuando abren nuevos hoteles de cuatro y cinco estrellas que se construyen en el casco antiguo de los municipios. El partido que pone menos remilgos a esta cuestión es el PSOE: "Los hoteles son la industria que genera más ocupación en nuestras islas. Siempre que estén en suelo urbano, ya sea en zonas turísticas o en ciudades, no debemos penalizarlos con operaciones de compra de plazas". Para el PP, es un asunto "a consensuar con el sector". El PSM se opone de plano. La Lliga aboga por el "consenso" y Convergència reconoce que es un tema "muy delicado" y se inclina por escuchar a la industria.
Respecto a la prórroga de la Ley de medidas urgentes para la reforma de los establecimientos, y que permite cierta laxitud en materia urbanística y medioambiental, se extiende el consenso de todas las formaciones para continuar por esta vía.
Por último, se posicionan sobre un deporte que divide a la sociedad mallorquina por los terrenos donde se juega, el golf. La apertura de nuevos campos queda, según los populares; en manos de la "demanda" y del "sector", que serán "los que indiquen la idoneidad de permitir nuevas construcciones". Los socialistas, la Lliga y Convergència se remiten a la actual legislación y el PSM da por suficientes las actuales instalaciones.

Programa, programa
Hasta aquí las respuestas a preguntas concretas. En sus programas se inclinan por el barroquismo de ideas, con escasísimas referencias a los trabajadores que se dedican al sector servicios, los grandes olvidados.
El PSOE propone, entre otros aspectos, mejorar la conectividad de las islas, la diversificación de los mercados y productos turísticos, la firma de acuerdos promocionales con agentes turísticos de transporte y tour operadores, planes de ordenación turística individualizados para cada zona y programas de retirada de la oferta turística obsoleta. El PP apuesta por la reducción del 50% de las tasas de puertos y aeropuertos, la simplificación del organigrama de la Administración y el impulso de la Ley de Reforma General Turística para salvaguardar el territorio y propiciar mejoras de reconversión urbana.
Si llega al poder, el PSM reclamará al Estado más inversión y una fiscalidad desestacionalizadora, aunque su proyecto estrella es la creación de un instrumento de crédito y aval al que denomina Crediturisme, "adaptado a las necesidades de los pequeños empresarios".
La Lliga eliminará 35.000 plazas obsoletas en diez años, defenderá la cogestión aeroportuaria, promoverá la llegada de más cruceros a Palma y dedicar el segundo canal de IB3 a emisión de contenidos exportables que "promocionen todos los aspectos de la vida balear". Por su parte, los dos grandes objetivos de Convergència pasan por dos normas, una Ley General Turística para eliminar plazas, reconvertir zonas turísticas e impulsar los condohoteles, y una Ley del Paisaje.
Por su parte, Esquerra Unida optó por no pronunciarse en materia turística.

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Entrevista a Antoni Munar, físico nuclear, concedida por el periódico valenciano

Es difícil evaluar las consecuencias en Castelló por una fuga en Cofrentes

Toda la comunidad internacional mira con temor hacía la planta nuclear japonesa de Fukushima. Los expertos intentan explicar que es lo que está sucediendo y qué consecuencias puede tener la fuga radioactiva.

El investigador y físico de la Universitat Jaume I de Castelló Antoni Munar defiende la seguridad de la centrales nucleares en España y señala que es casi imposible que en nuestro país se pueda dar una situación similar a la vivida en Japón.
¿Cómo se puede explicar la situación que Fukushima, qué está pasando en esta central nuclear de Japón?
La información es confusa, la constancia que tengo de los hechos es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Para explicar lo que está pasando es hacer un símil con una olla express. La temperatura dentro de la central ha subido tanto que están dejando de forma controlada que salga vapor a la atmósfera para que no explote. Este vapor es hidrógeno y tiene partículas radioactivas.
Este accidente pone sobre la mesa de nuevo el debate sobre la seguridad de la centrales nucleares.Esta catástrofe ha sido provocada por una unión de diferentes causas. La central resistió el terremoto de nueve puntos es la escalara Richter, uno de los más fuertes de la historia, pero el daño lo hicieron las olas de hasta 1o metros. Teniendo en cuenta que en todas las centrales nucleares siguen los mismos protocolos, aquí en España también deberían resistir un temblor similar, pero la probabilidad de que esto pudiera ocurrir en nuestro país es muy baja. La centrales tienen la máxima seguridad.

Si lo que está ocurriendo en Fukushima sucediera en Cofrentes o en Vandellós, ¿cómo afectaría a la provincia de Castelló?
Es muy difícil de evaluar las consecuencias porque depende mucho de las circunstancias meteorológicas. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Chernobyl había más radiactividad y contaminación a 100 kilómetros de la central que a 10 kilómetros. Mientras en Europa se habla de apocalipsis, en Japón guardan la calma ¿Hay motivos de preocupación?
Tienen motivos de alarma; la verdad es que se están enfrentando a esta situación tan preocupante de un modo muy racional. La situación es extrema; ya han realizado la evacuación preventiva, están intentando todas las medidas posibles para refrigerar los reactores. Todo dependerá del comportamiento de la vasija del reactor, luego vendrán las tareas de descontaminación.

Ante hechos como el de Japón muchas voces reclaman prescindir de la energía nuclear. ¿Es posible en España, a pesar del déficit en energía?
La energía nuclear es una opción a día de hoy necesaria. Para prescindir de ella en España necesitaríamos de 20 a 30 años. Las centrales son seguras, se debe aprender de los errores, abrir un período de reflexión pero no ahora porque lo de Japón es una caso excepcional y cualquier decisión al respecto sería precipitada.

Fuente de la notícia: http://www.levante-emv.com/castello/2011/03/17/dificil-evaluar-consecuencias-castello-fuga-cofrentes/790986.html

Pla Hidrològic de les Illes Balears

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El Govern insta a los municipios a privatizar el servicio energético.

A partir de este año, el Ejecutivo potenciará la creación de empresas privadas que contratarán los ayuntamientos para aplicar medidas de ahorro y capitalizar las inversiones municipales en esta materia



J. FRAU. INCA La conselleria de Comercio, Industria y Energía del Govern pretende orientar durante 2011 la política de subvenciones para el ahorro energético que se dan a los ayuntamientos de la islas hacia un nuevo sistema (conocido como el ´modelo americano´) consistente en la externalización o privatización del servicio energético con el objetivo de ahorrar costes a las instituciones locales, principalmente en las facturas de la iluminación pública, el factor principal del gasto energético que afrontan los consistorios.La aplicación de este nuevo modelo pasa por la contratación por parte de los ayuntamientos de las llamadas Empresas de Servicios Energéticos (ESE), entidades privadas que asumirían mediante contratos de larga duración (unos doce años) con las instituciones públicas todos los aspectos relacionados con la gestión energética de los municipios. El director general de Energía de la Conselleria, Josep Maria Rigo, explica que, una vez contratadas, estas empresas "capitalizan la inversión energética que muchos ayuntamientos no pueden permitirse porque, en los actuales tiempos de crisis, tienen otras prioridades de carácter más social". "Durante los años de duración del contrato con la ESE, el ayuntamiento seguirá pagando a la empresa la misma cantidad que abonaría por las facturas eléctricas, pero la ESE se encargará de realizar las inversiones y de aplicar las medidas de ahorro energético necesarias para reducir los costes año tras año para asegurar la rentabilidad", añade Rigo.
Con este sistema, la ESE es la principal interesada en ahorrar energía, y su gestión no está exenta de un cierto riesgo económico porque condiciona el pago de los servicios prestados a la obtención real de ahorros de energía.Rigo explica que, con el nuevo modelo, se obtienen dos objetivos fundamentales. Por un lado, "los municipios ahorran energía sin tener que endeudarse más". Por otra parte, "se reactivan este tipo de empresas y se fomentan nuevos puestos de trabajo". Según la experiencia existente en otros países sobre este nuevo modelo de externalización, las instituciones públicas "pueden alcanzar altos índices de ahorro", según el director general. El sistema empieza a implantarse en España, impulsado por una serie de medidas del gobierno central que facilitan nuevas líneas de créditos ICO para afrontar las inversiones iniciales.La necesidad de apostar por nuevos sistemas energéticos se debe en la gran dificultad económica de los ayuntamientos de la isla a la hora de acometer proyectos de ahorro lumínico, ya que las subvenciones del Govern para esta materia sólo cubren una parte de la inversión, por lo que las instituciones se endeudan para disponer del resto de dinero. Un ejemplo: de las 16 solicitudes de subvención recibidas por el Govern en 2009, doce no pudieron ejecutarse por las dificultades económicas de los ayuntamientos. "Para evitar este tipo de renuncias, el Govern desviará las líneas de ayudas hacia las ESE; es decir, se subvencionará más a estas empresas que a los ayuntamientos con problemas de déficit", concluye Josep Maria Rigo.




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